Desde el principio de la pandemia, hemos asistido a numerosos debates sobre las consecuencias y los aprendizajes generados por la COVID-19. Sin embargo, es ahora cuando se está manifestando con más claridad cómo las medidas tomadas para paliar sus consecuencias están afectando a la vida de las personas a medio plazo. En algunos ámbitos más que en otros es más fácil conocer y medir el impacto que están teniendo las políticas impulsadas por las administraciones. No es este el caso del sistema educativo. La falta de una base de datos centralizada para hacer seguimiento de la cantidad y el uso de las ayudas económicas que reciben los centros escolares y la ausencia de protocolos homogéneos para garantizar las medidas de seguridad a la hora de “volver al cole” son algunos de los elementos que están impidiendo una valoración real sobre cómo están funcionando las medidas implementadas para asegurar el derecho a la educación de calidad, inclusiva y para todas las personas junto al derecho a la salud de la comunidad educativa.

Estas son algunas de las razones por las que se ha impulsado la iniciativa Cole Seguro, lanzada por Plataforma de Infancia y Political Watch con el objetivo de proponer una herramienta de vigilancia ciudadana para conocer el funcionamiento y la eficacia de las políticas impulsadas por las administraciones a la hora de garantizar el derecho a la educación durante la pandemia. Como se evidencia también en el “Comunicado de la Red de educadores y educadora para una ciudadanía global ante la situación de la educación por la COVID”, las instrucciones recibidas están siendo profundamente cuestionadas por la sociedad civil y por la comunidad educativa, tal y como demuestran la ola de comunicados y protestas que desde julio han sido convocadas por sus distintos actores.

La situación que estamos viviendo resulta todavía más preocupante si se consideran los retos a los que se enfrentaba el sistema educativo ya antes del principio de la pandemia. En el encuentro organizado por Espai Sociedad Oberta para presentar y dar a conocer los primeros resultados recogidos en el marco de la iniciativa Cole Seguro, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, remarca que “somos el país con la tasa de abandono escolar temprana más alta de la Unión Europea (que en 2019 alcanzó el 17,3% mientras que la media en la UE es el 10,2%) y con uno de los índices de segregación escolar más amplio. Tenemos una tasa de repetición altísima como solución al fracaso y tenemos datos de dificultad para la educación digital muy altos: casi un millón de niños y niñas no tienen acceso a las tecnologías necesarias (equipamiento informático o conexión) para acceder a internet”.

Contando con que España es uno de los países más afectados por la COVID-19, resultan aún más impactantes los datos que la sitúan en la cola europea en cuanto a digitalización de la enseñanza y al profesorado español como el que menos incentivos recibe para incorporar la enseñanza digital en sus actividades didácticas (OCDE, 2020).

Estos datos resaltan la urgencia de tomar medidas adecuadas para revertir la tendencia que relaciona la procedencia socioeconómica de un niño o niña con la posibilidad de poder acceder y disfrutar del derecho a la educación. Además, nos recuerdan que garantizar el derecho una educación inclusiva y de calidad no supone sólo la digitalización de la escuela, sino también su adaptación a los desafíos que una ciudadanía global ha de enfrentar.

En este sentido, sigue pendiente una firme apuesta por una educación que consiga incorporar tanto en las aulas como en las políticas de los centros escolares contenidos, metodologías y enfoques para hacer de la educación una herramienta de transformación social dirigida a generar conocimientos y valores útiles para enfrentarse a los retos de la realidad actual y facilitar el impulso de un modelo social, político y económico respetuoso con todas las personas independientemente de su origen, sexo y orientación sexual.

Israel García Bayón, profesor en el IES Murillo (Sevilla) remarca que “todas las medidas que se anunciaron a principio del curso escolar tienen como denominador común la falta de la inversión necesaria para cumplir con el derecho a una educación de calidad y para todas las personas y, además aludiendo a la autonomía de los centros, se ha delegado en sus equipos directivos y docentes la seguridad en los mismos y el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, desde el principio de la pandemia se han activado distintas iniciativas para facilitar desde la experiencia docente y en el marco de la Educación para una Ciudadanía Global que se siga apostando por una enseñanza de calidad, inclusiva, equitativa y transformadora”. Con el objetivo de reforzar y compartir estas iniciativas, la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global organizará el 12 de noviembre el encuentro online “Escuela pandémica para tiempos de mudanza. Propuestas y reivindicaciones”. Mientras, la Red sigue elaborando recursos y materiales para trabajar con el alumnado en formato online o presencial distintas temáticas, entre ellas los ODS, la igualdad de género, las migraciones, el cambio climático y los derechos humanos.

Los grandes retos de la educación siguen siendo similares a los que existían antes de la pandemia que, sin embargo, los ha evidenciado y acentuado. Quizás en esta ocasión nos encontramos con más fuerza frente a la posibilidad de quedarnos con los métodos e inercias de la escuela del s. XIX y de apostar por una educación de calidad, inclusiva, transformadora, capacitada en facilitar la construcción de personas críticas y comprometidas con la construcción de una realidad más justa y sostenible.

 

Giulia Pizzuti. Responsable de educación para zona centro. Oxfam Intermon

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